Expertos dicen que el Gobierno no ha sacado las normas y el impacto al consumidor será mayor.

Los sectores de energía y gas están en ascuas porque ven con preocupación que pasa el tiempo y el Gobierno, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), no está dando señales claras y actualizadas en materia de reglas de juego.

Lo que más preocupa es la metodología para la fijación de tarifas de distribución y transporte de gas y energía, así como sobre los esquemas para la contratación entre productores y consumidores, entre otros factores.

Agentes del mercado del gas natural y del sector eléctrico señalan que mientras las normas dictan que la metodología tarifaría se debe calcular cada cinco años, en el caso del gas el esquema lleva vencido 8 años (se debía revisar en el 2009) y el de energía eléctrica ha debido modificarse en el 2014, es decir, lleva tres años sin el cambio que deberían tener.

Aunque Germán Castro Ferreira, director de la Creg, explica que en el caso del gas se debió revocar cuatro aspectos de la Resolución 202 del 2013, porque se les estaban trasladando costos ineficientes a los usuarios, Orlando Cabrales, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), dice que el atraso en la metodología tarifaría de distribución es la norma más crítica para el sector. 

Y agrega que cuanto más se tarde en salir subsisten varias incertidumbres. Para los distribuidores es la confianza para hacer inversiones, pues hoy en día no tienen claro bajo qué escenario ejecutar recursos sin saber cómo se los va pagar la nueva metodología. Y para los usuarios consiste en que mientras más tiempo siga pasando, el impacto del cambio será más fuerte para el bolsillo de los usuarios.

 “Necesitamos señales claras y obviamente el régimen tarifario en un sector regulado como el de los servicios públicos es fundamental para dar unas buenas señales de inversión, que no se están dando”, agregó. Además, al igual que en el sector eléctrico, Cabrales señala que si se afecta la suficiencia financiera de las empresas por estas demoras, “eventualmente vamos a impactar la calidad del servicio”.

 

¿Conveniencia política?

Pero fuentes del sector de distribución y transporte de gas ven más compleja esta situación. Un consultado por EL TIEMPO, que pidió reserva de su nombre, indicó que otra de las razones tiene que ver con el efecto mediático y de opinión pública que tendrá en el precio final al consumidor la actualización de las tarifas bajo criterios técnicos, reconociendo los costos, los gastos financieros y el número de usuarios, entre otras variables.

“El problema no es la demora, sino la causa raíz de esta. El cálculo objetivo puede dar que deben subir las tarifas en el 20 por ciento, y los usuarios lo pueden pagar, pero el Ministerio dice que no y busca la forma de aplazar”, indicó el consultado.

Y advierte que puede pasar lo de en Argentina, que por decisión política se frenaron las tarifas pero llegó el momento en que se quedaron sin gas, sin energía y ahora con el nuevo presidente los precios se triplicaron. 

Orlando Cabrales, de Naturgás, señala que no se ha previsto aumentos de ese orden y que si eventualmente hay alzas como consecuencia de las revisiones tarifarias “seguro que los agentes van a hacer las gestiones para que tenga el menor impacto posible sobre la demanda”.

No obstante, Germán Castro, director de la Creg, dice que en el hecho de que la nueva metodología no se haya podido aplicar, porque debe ser complementada, no quiere decir que se haya preferido dejar la anterior por el impacto en las tarifas, cuyos criterios rectores son los que contempla la ley.

“El objetivo es contar con todos los elementos de la metodología de remuneración de la actividad de distribución a efectos de llevar a cabo una correcta aplicación de los criterios tarifarios de ley e iniciar el periodo tarifario”, agregó.

E indicó que no hay ninguna evidencia concreta de que la prestación de los servicios y los indicadores de las empresas se hayan afectado negativamente por demoras en la modificación de las fórmulas tarifarias vigentes. Otras fuentes del mercado señalan que la Creg le ha venido cediendo parte de su espacio al Congreso, instancia en la que a través de un proyecto de ley se ha querido eliminar los cobros de suspensión y reconexión, que deberían tener topes fijados por el regulador natural. 

Por: El Tiempo

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